Puja de Poderes, se suma la justicia

El Foro Regional Rosario organizó una charla vía streaming con Alberto Binder: abogado, experto en reformas del proceso penal y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Sociales (INECIP).  Se realizó el pasado martes 13 de julio y contó con la presencia del Ministro de la corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el presidente del Colegio de Magistrados, el fiscal general de la provincia, funcionarios municipales y provinciales, fiscales provinciales, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, entre otro referentes de la política provincial.

En el inicio de su presentación,  Binder señaló que  desde hace más de una década, Santa Fe venía realizando un gran esfuerzo para reorganizar el sistema de seguridad y de Justicia penal. “Se salió de una situación muy atrasada y se fue avanzando claramente. Dentro de esa gran reingeniería, aparece el Ministerio Público Autónomo, una institución colegiada que actúa en conjunto sobre las nuevas formas de criminalidad. Veníamos bien pero de repente cambió el clima”, dijo y agregó: “Cuando empiezan a aparecer las investigaciones fiscales destacadas pasa en Santa Fe lo que pasa en otros lados: sectores de la dirigencia política se ponen en alerta y se sienten en peligro. Y el mecanismo que adoptan es tocar los mecanismos disciplinarios y pasárselos a la Legislatura”.

En este contexto Binder afirmó que “ninguna institución que empieza a avanzar sobre mercados criminales puede quedar inmune” y relató cómo el Ministerio Público comienza a tener dificultades con fiscales con sospechas graves de participar en complicidad con el mundo criminal. “La dirigencia política comienza así a avanzar (a mi entender de manera ilegal) en la asunción de facultades disciplinarias dentro de la legislatura”, expresó y conjeturó: “Yo creo que no se buscaba actuar sobre el ejercicio de la disciplina como tal, sino abrir un canal para el trasiego de favores. Uno de los grandes vicios de nuestra política, al que se pliegan los poderes judiciales, es que todo se convierte en una gran caja de favores.  La legislatura necesitaba un canal de diálogo espurio con el Ministerio Público y no por interés en tener el control disciplinario. Había que construir un túnel para manejar la intensidad de los casos según las necesidades políticas”.

Binder planteó la dificultad de llevar adelante reformas institucionales al mismo tiempo que se está investigando a sectores de la clase política. "La pregunta de cómo romper la telaraña no es un asunto legal sino político, que cualquiera que venga en el futuro tendrá que enfrentar", dijo el procesalista. “Una telaraña hecha de pequeñas complicidades, pequeñas desidias, de burocratizaciones, de hacerse los distraídos. Esto termina paralizando la acción de formar instituciones fuertes".

El abogado procesalista mencionó  el fallo de la Corte, donde se cambia de golpe la visión para que los legisladores con exclusividad puedan reprender a los fiscales. E hizo alusión a la sospecha de lazos ilícitos de un senador con el juego clandestino, que por una interpretación de la Constitución de 1962, no podría ser investigado. Al respecto, dijo: “De todas las interpretaciones posibles, entendamos la norma más sana: Protejamos que los legisladores no puedan ser arrestados pero a quien se le puede ocurrir que no puedan ser investigados”.

Binder alertó: “Hay dos temas que si siguen vinculándose es catastrófico para la provincia. Con el financiamiento ilegal de la política no nos podemos hacer los distraídos. La afectación a la calidad de la democracia es terrible si nuestros dirigentes van a ser gerentes de intereses espurios. Si este financiamiento viene de mercados ilegales esto es peor porque además de la corrupción van generando violencia"

En el medio de esta situación que pone en jaque  la estabilidad de las instituciones democráticas de la provincia,  el especialista destacó que en Santa Fe esta pelea recién empieza y que la Justicia está reaccionando.  “Hay que poner una línea y decir hasta acá”, resaltó y propuso el armado de un equipo especial de fiscales dedicados a las investigaciones, que estén fuertemente respaldados.  Esta situación que pone en riesgo la inconstitucionalidad se repara “con un profundo apoyo y fortalecimiento de la capacidad de investigación, que tiene que hacer el propio Ministerio Público de la Acusación y los actores políticas. “Hay que mostrarle a toda la sociedad poder de fuego que tiene el MPA. Santa  Fe tiene a los mejores fiscales del país, y los recursos humanos capacitados para esto”, concluyó.