Justicia: ¿Como estamos y hacÃa donde vamos?
El Foro Regional Rosario convocó a Jorge Baclini, Fiscal General de Santa Fe y María Eugenia Iribarren, Fiscal Interina de la Segunda Circunscripción, para debatir sobre el devenir de la Justicia Penal en provincia. En la charla que se realizó el martes 30 de marzo vía Zoom, se realizó la presentación del Informe de Gestión 2019-2020 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La adaptación de trabajo del MPA en el marco de la Pandemia, la descentralización del organismo en toda la provincia para mejorar el acceso a la Justicia, un accionar enfocado hacia víctima y la falta de recursos del MPA y, en particular, de la Fiscalía Regional de la circunscripción fueron los temas más destacados de la reunión.
Jorge Baclini destacó el criterio novedoso que representa el Informe Anual de Gestión, que surge con la creación del Ministerio Público de la Acusación (Ley 13.013), ya que da cuenta de las actividades, resultados y uso de los recursos del MPA. Explicó que este nuevo sistema, que tiene siete años de funcionamiento, amerita reevaluaciones y que el gran impacto se da a través de la publicidad de las audiencias, que son orales y públicas, lo que genera transparencia y hace al control de los actos de los funcionarios públicos.
En referencia al impacto del COVID, señaló que si bien afectó el ritmo de trabajo, permitió que se implementen audiencias digitales, turnos y denuncias on line y entrevista con los testigos vía whatsapp o telefónica. “La pandemia ayudó a consolidar situaciones de trabajo que venían demoradas, todo con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia”, explicó.
Informó que según los datos Observatorio de Seguridad Pública, que tiene como objetivo establecer y publicitar todos los datos estadísticos en relación a los delitos que se cometen en la provincia y así formular políticas públicas, se registra en los últimos meses un gran crecimiento de los delitos de asociación ilícita.
Uno de los puntos más destacados por Baclini política del descentralización del MPA, a través de la cual se abrirán sedes en ciudades más pequeñas de Santa Fe para facilitar las denuncias y declaraciones de los testigos, evitando traslados. Esto incluye oficinas descentralizadas en los barrios de las grandes ciudades como en los Distritos de Rosario. “Esto facilita el acceso a la justicia y el conocimiento del territorio, con una persona más directa para la toma de decisiones”, dijo y subrayó: “Esta política está direccionada a las víctimas de los delitos que son la base de toda política institucional que tiene que desarrollar cualquier Ministerio Público. Los fiscales deben direccionar su gestión hacia y desde las víctimas. Dar contención e informar cuál será el devenir de la denuncia”.
Reveló que en Santa Fe hay 200 mil denuncias de delitos al año, por lo el sistema tiene que tener claro a cuántas víctimas se les puede dar protección y contención. Para esto es necesaria una mayor dinámica y articulación entre el MPA y los organismos del Poder Ejecutivo.
Otras de las cuestiones en la que se hizo hincapié fue la falta de personal y de recursos para el organismo. En Santa Fe y en Rosario hay 1,96 empleados por cada Fiscal. “En toda la provincia tenemos un total de 664 personas trabajando en el MPA, un número muy bajo y que genera una situación agravante para los fiscales porque no cuentan con el grupo de apoyo necesario. Hay que plantearse a 10 años como se afronta la falta de recursos y no hacer parches, al igual que la integración de los recursos del organismo de investigación”.
Por su parte, María Eugenia Iribarren, que desde hace unos meses se desempeña como fiscal interina de la Segunda Circunscripción luego de la destitución y posterior detención del ex fiscal Patricio Serjal, expresó que desde agosto se están realizando cambios y modificaciones tanto en los sistemas de control de la Fiscalía como en los procesos de trabajo, para que se pueda asegurar la transparencia y, a la vez, mejorar los estándares de eficacia y eficiencia a los que debe aspirar el MPA.
“Estos cambios son muy difíciles por las limitaciones de recursos. Empezamos a generarlos de forma paulatina para que puedan sostenerse y mostrar resultados sin afectar la vorágine del trabajo cotidiano que ingresa al MPA”, indicó.
En este sentido, algunas de las medidas fueron impulsar la salida temprana de las causas que no van a llegar a juicio; el trasladaron a un solo edificio de todas las unidades que estaban diseminadas para lograr un centralidad y la creación de equipos de trabajo de fiscales. “En los delitos que se comenten con arma de fuego, que implican la mayoría de los homicidios o los atentados que suceden en Rosario y que necesitan una atención en particular, generamos un equipo de trabajo donde un Fiscal de la unidad de investigaciones y juicios, otro de la Fiscalía de NN y otro de la Unidad de Flagrancia comenzaron a generar procesos de trabajo para poder vincular todos esos hechos cometidos con armas de fuego. Ese equipo está agilizando el trabajo y generando mejores formas de investigación”, ejemplificó.
Baclini e Iribarren subrayaron que el gran incremento de detenidos que se registra en la provincia. “La cantidad de juicios y condenados que hay por año es enorme. El año pasado, aun con la Pandemia, se realizaron en Rosario 114 juicios orales, hubo 6 prisiones perpetuas y solo 5 absoluciones”, dijo la fiscal interina.
Por su parte, Baclini mostró los siguientes datos. Desde 2014 hasta mediados de 2020 ingresaron 1.400.000 causas a la Fiscalía General. “Si bien hay muchos hechos que no se denuncian, en seis años un incremento de las denuncias en el orden del 30%. La cantidad de condenas casi triplica a las del sistema anterior. Hoy hay 7600 presos en la provincia de Santa Fe, lo que generar un problema en la capacidad de las cárceles. La cantidad de personas condenadas en el sistema viejo era del 40 % y 60 % las procesadas. Hoy 53% condenados y 47 % procesados, lo que demuestra que el sistema es más eficiente”.
