Miércoles 2 de junio de 2010 | Publicado en edición impresa
Gustavo Ybarra
LA NACION

El director de la Anses, Diego Bossio, rechazó ayer la posibilidad de que el Congreso avance con la consagración por ley del 82% móvil y una recomposición de las jubilaciones que no recibieron incrementos entre 2003 y 2009, al exponer ante la Comisión de Coparticipación Federal del Senado.

Según el funcionario, la Anses pasaría a tener un déficit de 53.000 millones de pesos si el Parlamento convirtiera en ley esas iniciativas y una tercera que restituye a las provincias el 15% de la coparticipación primaria de impuestos que hoy se destina a financiar el organismo.

De esta manera, Bossio defendió la política de prestaciones sociales del organismo que lleva adelante el Poder Ejecutivo y recriminó a los senadores de la oposición por la presentación de esos proyectos.

Similar argumento utilizó el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, quien advirtió que esas iniciativas provocarían "el aumento de la tasa de interés y del riesgo país".

Meter miedo

Las palabras de Pezoa llevaron al presidente de la comisión, el peronista disidente Carlos Verna (La Pampa), a interrumpir su exposición y pedirle que dejara de "hacer terrorismo".

"El que mete miedo, es terrorista", ratificó sus palabras Verna, para acallar el reclamo de los senadores oficialistas que habían salido en defensa del funcionario del Palacio de Hacienda, en el que fue uno de los momentos de mayor tensión del encuentro.

La intervención de Bossio tampoco estuvo exenta de polémica, ya que provocó la reacción del senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), luego de que el funcionario destacara que con su proyecto de retracción de fondos a la Anses provocaría que más de 1,2 millón de jubilados dejaran de percibir sus beneficios. "Si avanzan estos proyectos, el déficit de la Anses sería de 53.000 millones de pesos", agregó Bossio, quien minutos antes había destacado que, en 2009, el organismo había registrado un superávit de 3000 millones.

Molesto, Giustiniani le replicó que "contraponer el argumento de que se van a eliminar beneficios es de baja estofa". Y agregó: "Sacar al 85% de los jubilados de la pobreza está en las posibilidades de la Anses".

Según las cifras de Bossio, la Anses recibe por coparticipación primaria unos 25.400 millones de pesos, el 17% del total de ingresos del año pasado. "Si nos quitan la coparticipación, pasaríamos a tener un déficit de 14.432 millones", abundó.

"No contar con esos recursos nos significarían seis millones de niños menos que hoy reciben la asignación universal por hijo", advirtió Bossio. Sin embargo, el funcionario no respondió cuando la radical Laura Montero (Mendoza) le pidió las previsiones de ingresos para este año, que, según afirmó, serán más de las calculadas en el presupuesto por efecto de la inflación y del crecimiento del PBI.

El argumento de Bossio también mereció la queja del radical José Roldán (Corrientes), quien le recordó que el aporte del 15% fue cedido por las provincias para financiar la pérdida de ingresos desviados a las AFJP, situación que dejó de existir desde la estatización del sistema.

"El Gobierno tendría que ponerse a trabajar en serio para ver cómo consigue esos recursos y no sacarles a los pobres de las provincias para darles a otros pobres", se quejó el legislador.

Proyectos postergados

A pesar de que las explicaciones de los funcionarios no conformaron a la oposición, la comisión decidió postergar el tratamiento del proyecto sobre los fondos de coparticipación para que lo pueda discutir también la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo mismo ocurrió con el proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a repartir los ATN, según el índice de coparticipación, que sería discutido la semana próxima para permitirle al oficialismo consultar su posición con la Casa Rosada.

De esta manera, ambos proyectos no estarán en condiciones de ser discutidos la semana próxima, como era intención del arco no kirchnerista en su estrategia de retomar la iniciativa política en el Senado.

La misma suerte correrán los proyectos de mejoras en las jubilaciones, que el kirchnerismo pretende derivar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además de la de Trabajo y Previsión, que es presidida por la oposición.

Esto obligaría a realizar plenarios de ambas comisiones, lo cual demoraría el tratamiento de los proyectos y le permitiría al Poder Ejecutivo tener tiempo para evitar la embestida, aunque la oposición podría iniciarla por la Cámara de Diputados.